“El sindicalista que debe devolver lo que robó”

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En un artículo de opinión publicado por La Nación, el periodista Francisco Olivera presenta el caso Allende como “un caso testigo de corrupción típica argentina”. Sin embargo, desliza que si prospera el juicio abreviado, “interpelará de algún modo a todo el poder provincial”. ¿Quiénes se oponían a la homologación de ese acuerdo?

“José Ángel Allende, el sindicalista que debe devolver lo que robó”

La escena, que es de la semana pasada, impresiona por lo infrecuente. “¿Usted reconoce ser el autor de esos hechos que se le imputaron?”, pregunta el juez. “Sí, señor juez”, contesta el sindicalista en la pantalla gigante. Si todo sale como su defensa lo prevé, José Ángel Allende, secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Entre Ríos y exdiputado provincial del PJ, millonario, acusado de haberse quedado con casi 1,2 millones de dólares del Estado en el transcurso de los últimos 22 años, deberá devolver lo que robó.

Allende quedará inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos. Es lo que quienes propician este procedimiento consideran más valioso: son demasiadas las veces que los corruptos no sólo quedan impunes, dicen, sino que además se reciclan en nuevas funciones. El acuerdo a que llegó con la Fiscalía incluye como contraparte un beneficio para él: no ir preso, porque la pena establecida es de dos años y ocho meses, y la posibilidad, que decidirá otro juez, el de Instrucción, de que queden sobreseídos sus hijos Julio, Victoria y Carolina; Adriana Satler, su mujer, y Diana Traverso, su ex, todos ellos involucrados en la investigación porque pudieron haber oficiado de testaferros y a quienes, con excepción de Traverso, ubicó en distintas reparticiones del Estado.

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